Irrelevancia pública de la Iglesia, futuro de los Católicos. Entrevista al abogado Amato

Aldo María nos trae una entrevista al abogado Amato, entre otros temas se habla de la irrelevancia pública de la Iglesia, les invitamos a leerla.

Diletantes en el gobierno, evolución totalitaria, irrelevancia pública de la Iglesia, futuro de los católicos / Entrevista al abogado Amato. Un artículo de Aldo María Valli

Texto original disponible en https://www.aldomariavalli.it/2020/05/23/dilettanti-al-governo-evoluzione-totalitaria-irrilevanza-pubblica-della-chiesa-futuro-dei-cattolici-intervista-allavvocato-amato/

Traducido por Miguel Toledano para Marchando Religión

Queridos amigos de Duc in altum, os propongo, tomada del sitio web del Observatorio internacional cardenal Van Thuân sobre la Doctrina social de la Iglesia, una exhaustiva entrevista de Samuele Cecotti al abogado Gianfranco Amato, en la que, además de un análisis bastante oportuno de la situación, encontraréis delineados algunos escenarios para el futuro, especialmente en lo que se refiere a la “resistencia católica”.

A.M.V.


La crisis sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19 ha generado procesos económicos y políticos a escala planetaria de tal magnitud que se delinea un cuadro nuevo y preocupante, que deja ya entrever una fortísima recesión económica global y graves indicios de un incipiente totalitarismo post-moderno. Las cuestiones que una semejante crisis de civilización propone son múltiples, incluidas las de carácter jurídico, bioético y religioso.

Nuestro Observatorio ha creado, a partir del documento del arzobispo Crepaldi, un Taller de trabajo para, desde un punto de vista católico, afrontar la crisis, analizar los hechos, formular juicios y proponer soluciones a la luz de la Doctrina social de la Iglesia.

Sobre ello hemos hablado con el abogado Gianfranco Amato, jurista, fundador y presidente nacional de los Juristas por la vida, intelectual católico activo en muchos frentes del apostolado cultural. Fundador y presidente del Movimento popular Nova Civilitas, uno de los organizadores del Family Day, componente del Comité de dirección de la Fundación Novae Terrae, representante por Italia de la organización internacional Advocates International, es miembro y consultor legal de la organización británica CORE Comment on Reproductive Ethics, con sede en Londres, por cuenta de la cual coopera en diversas acciones legales emprendidas sobre temas bioéticos. También en el nivel internacional, colabora como allied attorney con la organización estadounidense A.D.F. Alliance Defending Freedom, compuesta por abogados que se ocupan de temas inherentes a la libertad religiosa y a la bioética.

Abogado, en estos meses de emergencia sanitaria proclamada por el gobierno italiano a finales de enero, hemos asistido, en una primera fase, a una minusvaloración del problema (recordemos todos los hashtag #milanononsiferma [milánnosecierra] y #abbracciauncinese [abrazaaunchino] con aperitivos por los canales de Milán) por parte de los mismos exponentes del gobierno para después, en una segunda fase, precipitar al país en una suerte de “arresto domiciliario” universalmente establecido por decreto. Se conoce la existencia de un plan elaborado por el ministerio de Sanidad ya en enero pero mantenido en secreto. ¿Nos puede ayudar a encontrar la clave de lectura de tal proceder por parte del gobierno italiano? ¿Ve la posibilidad de acciones legales contra las acciones del presidente Conte y su gobierno?

La única clave de lectura posible es la que nos ofrece la dramática imagen de un gobierno caracterizado por un diletantismo irresponsable, insensato e inconsciente. Para nuestra desgracia, la emergencia pandémica del Covid-19 se une al momento histórico en el que Italia registra el nivel político-cultural más bajo de la propia clase dirigente en los últimos setenta años. No se ha visto nada igual desde después de la guerra.

La suerte de nuestro país en uno de los momentos más dramáticos de su historia después de la Segunda Guerra Mundial está, en efecto, ligada al llamado “comité rector” de la crisis pandémica. A la cabeza del comité encontramos a un oscuro abogado de provincias, un tal Giuseppe Conte, que tiene el honor de no representar a nadie, sin haber -según se sabe- obtenido jamás un voto en toda su vida, y que parece no haber administrado nunca nada hasta ahora, ni siquiera la copropiedad del edificio en el que vive. Le acompaña su fiel y omnipresente portavoz oficial, Rocco Casalino, que cuenta entre sus títulos el de haber participado en el programa televisivo de dudoso gusto conocido como “Gran Hermano”. No precisamente un máster en Harvard u Oxford. Le sigue en el mismo comité el ministro de Asuntos Exteriores, Luigi Di Maio, que procede del mundo del deporte: fue, en efecto, azafato del estadio San Paolo de Nápoles. En italiano la definición de ese trabajo es la de “asistente de estadio”, una profesión muy respetable que se manifiesta en tareas varias tales como, por ejemplo, la recepción en la puerta, el control de los hinchas tifosi, la comprobación de las entradas y las labores de acomodador acompañando al espectador a su asiento. En el mismo comité tenemos también a un joven ministro de sanidad, Roberto Speranza, licenciado en Ciencias políticas, que sabe de medicina lo mismo que un cirujano sabe de literatura en idioma sánscrito, y del que no estamos siquiera seguros que comprenda con claridad la diferencia entre bacteria y virus. Y aún hay sitio, en fin, para el último componente del comité: el responsable de Protección civil, el cual presenta, entre sus méritos y competencia, los de comercio y revisión de cuentas. Hablamos del doctor Angelo Borrelli. Con el debido respeto, me parece que la competencia del doctor Borrelli en materia de emergencia pandémica equivale a la de quien suscribe para la proyección de un puente. O sea, cero. Alguno podría objetar que un país no debe estar gobernado necesariamente por técnicos. Esto es verdad, pero en el caso excepcional de una pandemia mundial sería quizás más oportuno poner a alguno que al menos conozca la materia, o cuando menos que tenga experiencia política, en el sentido aristotélico de la πολιτική τέχνη, o sea la ciencia y arte de gobierno. La cuestión es que ninguno de los sujetos actualmente en el gobierno parece tener el menor sentido del concepto de “bien común”. El riesgo es que una política incapaz de gobernar abdique completamente, cediendo el cetro de mando a la ciencia. En un momento en el que la misma ciencia, respecto a una pandemia desconocida, parece andar a tientas en la oscuridad. La única certeza que saben darnos los virólogos sobre la cuestión es que no hay certezas. Con ello, la gestión del bien común está fundada sobre arenas movedizas.

Más que acciones legales contra el presidente del Consejo y su “comité rector”, – frente a los cuales subsisten no obstante todas las opciones – yo veo la absoluta necesidad de retirar de las manos de estos dudosos personajes el destino de nuestra Patria.

Como jurista, ¿cómo valora las medidas puestas en práctica para gestionar la crisis sanitaria limitando gravemente los derechos fundamentales de los ciudadanos y determinando lo que ha sido considerado por diversas personas como una “suspensión de la Constitución” a cargo del presidente del Consejo de ministros? ¿Qué le parece que se haya impugnado la legalidad administrativa del decreto y no se haya planteado su legitimidad constitucional?

Partamos de la premisa en virtud de la cual nuestra Carta constitucional no prevé la emergencia como presupuesto de derogación del Estado de derecho y de restricción de los derechos subjetivos plenos tales como el de circulación, reunión, asociación y culto.

En nuestro ordenamiento jurídico las libertades fundamentales gozan de una protección total mediante la previsión de una reserva legal absoluta. ¿Qué significa esto? Muy fácil: sólo una ley estatal, o una disposición con fuerza de ley, puede limitar tales libertades, y no desde luego una fuente secundaria gubernativa, y encima monocrática, como es el Decreto del Presidente del Consejo de ministros. Los italianos, en efecto, tuvieron conocimiento de esta medida, el decreto ministerial, no mucho antes de la pandemia.

¿Cuáles son las disposiciones con fuerza de ley que han sido aprobadas para fundamentar las limitaciones constitucionales que todos estamos viviendo? Dos decretos-ley, adoptados por el Gobierno respectivamente el 23 de febrero y el 23 de marzo de 2020. Estos decretos-ley, sin embargo, se han limitado a describir sólo genéricamente los casos de posibles restricciones de las libertades civiles, delegando en un componente del Poder ejecutivo, el Presidente del Consejo de ministros, la titularidad para la elección del tipo de medidas a adoptar (los “casos”) así como el grado de intensidad (los “modos”). Y esto no me parece que pueda considerarse constitucional. Entre otras cosas, el carácter en extremo genérico de los dos decretos-ley contrasta de manera evidente con la Ley 400/1988, que exige, por respeto al art. 77 de la Const., la adopción de medidas de inmediata aplicación, con contenido específico y homogéneo. Cualquiera que vea un decreto-ley que necesita de medidas ulteriores – los decretos ministeriales de Giuseppe Conte – para su puesta en práctica, comprenderá que difícilmente puede estar fundado en presupuestos de extraordinaria necesidad y urgencia. El mismo tiempo necesario para la elaboración de la fuente secundaria desmiente en origen la inaplazabilidad de la medida.

Lo que no es admisible es que el gobierno Conte haya adoptado gravísimas restricciones a las libertades constitucionales de importancia fundamental tales como la libertad de circulación, reunión, asociación y culto, a través de disposiciones administrativas (decretos y órdenes ministeriales), en ausencia de una disciplina legislativa puntual y violando el principio de diversificación de las competencias administrativas.

Tampoco debemos olvidar, entre otras cosas, que sólo las leyes (o las disposiciones equiparadas a ellas, tales como los decretos-ley) y no las disposiciones administrativas (como es el caso de los decretos y órdenes ministeriales) son susceptibles de control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, único órgano competente para controlar la conformidad de la actividad legislativa con las normas y principios constitucionales, incluido su perfil de proporcionalidad y adecuación. Por lo tanto, no se da siquiera la posibilidad de someter a control y verificación de constitucionalidad las medidas administrativas con las que han sido limitadas algunas libertades fundamentales de los italianos. Todas las restricciones que cada uno de nosotros estamos sufriendo gravemente han sido adoptadas sobre la base de disposiciones administrativas, sustraídas a toda forma de control preventivo o sucesivo, y adoptadas por el Poder ejecutivo (presidente del Consejo, presidente de las Regiones, alcaldes) con autonomía plena y sin verificación por parte del Parlamento ni control por parte del presidente de la República. Me parece que todo esto es suficiente como para generar, y no sólo desde el punto de vista legal, más de una sensación de perplejidad.

Los decretos del gobierno Conte en el tema de la pandemia Covid-19 han sido impugnados ante el Tribunal administrativo regional del Lazio por el Centro de estudios Livatino. Una iniciativa encomiable a la que otras organizaciones de juristas, como la que yo presido, se están agregando. Los Juristas por la vida, en efecto, han decidido proponer una intervención ad adjuvandum en el procedimiento abierto tras el recurso del Centro de estudios Livatino. Un signo de unidad en la batalla común.

Las normas impuestas por la autoridad de gobierno han violado muchas libertades fundamentales garantizadas constitucionalmente pero lo que es más grave es que han violado la libertas Ecclesiae, derecho primario de la Iglesia reconocido de forma patente por el Estado italiano a través de un Tratado de derecho internacional, atribuyendo a las disposiciones administrativas la facultad de decidir la suspensión de las ceremonias religiosas (bautismos, confirmaciones, bodas, funerales), de impedir la participación del pueblo en la Santa Misa, de prohibir la visita de sacerdotes a moribundos para administrarles los sacramentos, de impedir a los ministros del culto católico la libre circulación para el ejercicio de su ministerio de predicación y santificación. ¿Cómo cabe juzgar, en términos jurídicos, tal violencia practicada al derecho de la Iglesia?

No tengo la menor duda de que se ha producido una evidente y gravísima violación del Concordato. En apoyo cabe citar, entre muchas, las mismas voces autorizadísimas de dos presidentes eméritos del Tribunal constitucional: Cesare Mirabelli y Annibale Marini. Hemos llegado incluso hasta el punto surrealista de que el Estado se ha arrogado el derecho de decidir qué celebraciones pueden tener lugar y cuáles no. Una aberración desde el punto de vista jurídico. El art. 7 de la Constitución es clarísimo: «El Estado y la Iglesia católica son, cada uno en su propio orden, independientes y soberanos». La cuestión, en todo caso, es otra. Lo que hay que saber es si la Iglesia católica reivindicará su propia independencia y soberanía, o más bien desea la derogación del Concordato por falta de uso. Es cierto que no ayudan algunos comportamientos incoherentes. No ha sido un espectáculo edificante, por ejemplo, el de los obispos de Cerdeña que, habiendo reivindicado su competencia espiritual para protestar ante el presidente de su Región, Christian Solinas, por haber autorizado con una ordenanza propia la celebración de Misas, callaron totalmente en el momento en el que el gobierno decidió suspender todas las actividades de culto. Un comportamiento así por parte de los prelados sardos no puede sino inducir a los fieles a la confusión, la desorientación y el desconcierto.

Me llamó la atención la óptima intervención del senador Lucio Malan, cristiano evangélico, a propósito de un nuevo comportamiento ilegítimo por parte del gobierno en el asunto de la libertad religiosa. Milan ha evidenciado, en efecto, que los decretos ilegítimos, en realidad, han violado también el artículo 20 de la Constitución, que establece expresamente que «El carácter eclesiástico y el fin religioso o de culto de una asociación o institución no pueden ser causa de limitaciones legislativas especiales». Los referidos decretos, en efecto, establecen por ejemplo que puede haber quince personas en los cuarenta metros cuadrados de superficie de un autobús, que una sola persona puede, a su vez, hallarse en los cuarenta metros cuadrados de una tienda aunque sólo de determinado tipo (de lo contrario, a nadie le está permitido), mientras que se prevé un máximo de quince personas, y sólo para funerales, en una iglesia de 100, 200, 300 metros cuadrados o de 11.000 metros cuadrados como la Catedral de Milán. Este modo de proceder no es sólo irracional y desproporcionado, sino que constituye una evidente discriminación de la actividad religiosa y de culto respecto a otras actividades. El senador Malan ha añadido una comparación más, que hace del cuadro algo todavía más absurdo: cinco, diez o quince personas en un parque, con respeto de las medidas de distancia, pueden hacer gimnasia, pero no pueden rezar juntas. Un clima más propio de la República popular china, continúa en su denuncia el senador Lucio Malan, quien ha recordado que la Constitución dedica al menos cinco artículos a la libertad religiosa, a saber los arts. 3, 18, 19, 20, 7 y 8. Ahora bien, que tenga que ser un evangélico el que recuerde que existe el art.7 de la Constitución relativo al Concordato entre Iglesia católica y Estado, y que tenga que ser un evangélico el que demande su correcta y plena aplicación, dice bastante sobre el estado comatoso de cierto catolicismo y de una cierta parte de las jerarquías eclesiásticas.

Impresiona la irrelevancia pública de la Iglesia y del Culto a Dios manifestarse tan evidentemente en la gestión de la crisis. Impresiona un Estado italiano que equipara las iglesias a las discotecas y la Santa Misa a los distintos espectáculos teatrales. Pero impresiona aún más una Iglesia que calla frente a todo ello. ¿Es, para Ud., el signo de la afirmación ya plenamente consumada del secularismo?

Por una parte hemos tenido un Estado que se ha olvidado del hecho de que el culto es un derecho constitucionalmente protegido y no limitable, mientras que no hay un tal derecho al estadio o un derecho al teatro. Es inaceptable culturalmente e inadmisible jurídicamente la idea de que la celebración de la Misa resulte equiparada a cualquier acontecimiento de agregación social, como una lección escolar, un espectáculo artístico o un partido de fútbol.

Por otra parte, hemos visto una Iglesia inexplicablemente remisa y silenciosa. Pienso que ello representa un problema. Una Iglesia que ya no sabe reivindicar de forma firme y autorizada las prerrogativas y derechos derivados de su estatuto particularísimo y que ha olvidado cómo oponer al César la Libertas Ecclesiae es una Iglesia caracterizada por una altísima tasa de secularismo. Objetivamente, ha causado impresión ver cómo la Iglesia italiana ha cedido inmediatamente frente a las disposiciones adoptadas por el gobierno, sobre todo en la primera fase de la epidemia, cuando todavía muchos establecimientos públicos, como bares, pizzerías, pubs y restaurantes, seguían abiertos.

Pero una Iglesia que calla corre el riesgo de ver realizada la profecía evangélica de las piedras que hablan (Lc. 19, 40). Por tanto, no debe extrañar que algunos personajes del mundo de la política o del espectáculo digan cosas que nos gustaría oír de boca de los Pastores. Se trata de las piedras que están hablando en lugar de aquéllos.

Mientras muchos de nuestros paisanos morían en los cuidados intensivos y a muchos enfermos se les aplazaban sus tratamientos por causa del Covid-19, el Servicio nacional de salud seguía proporcionando el “servicio” de aborto garantizado por el Estado a cargo del Servicio nacional de salud. Ni la pandemia ha logrado interrumpir la carnicería de los niños no nacidos. Incluso hemos asistido a una intensa campaña de propaganda para promover el aborto químico domiciliario. Sólo unas pocas voces de los habituales valientes pro-vida se han alzado en defensa de la vida. ¿Estamos habituándonos también a la normalidad del aborto? ¿Incluso nosotros, los católicos?

Hay algo de irracional, y por tanto de preternatural, en este ensañamiento a favor del aborto. No tiene mucho sentido detraer a un médico de su función natural de salvar la vida de un enfermo Covid-19 para destinarlo a suprimir una vida a través del aborto. No consigo no ver una dimensión espiritual detrás de todo esto. En realidad, el aborto, más que el homicidio, es un ataque al concepto mismo de Creación y de Encarnación. En este sentido, el aborto puede ser considerado el acto diabólico por antonomasia. Deshumanizar la humanidad siempre ha sido el objetivo del Enemigo del hombre, porque una humanidad deshumanizada termina autodevorándose.

Incomprensible de todo punto, y por tanto preternatural, es también el hecho de que en Italia la ley del aborto (194/78) sea la única que desde hace cuarenta años no haya visto modificada ni una coma. Es un verdadero tótem ideológico intocable. Y conviene decir que el ordenamiento jurídico italiano es uno de los más volubles del mundo desde el punto de vista normativo. Las leyes son modificadas con velocidad y frecuencia récord. Sin embargo, la Ley 194 parece esculpida en mármol. No es normal. El caso es que la opinión pública italiana se está habituando a esta normalidad. La tragedia, sin embargo, se da en el mundo católico, donde ya parece totalmente desaparecida la idea de que el Magisterio considere el aborto un «crimen nefandum» (GS n.51), o sea un delito abominable. Actualmente cada vez se escucha más a menudo, incluso entre los llamados practicantes, el teorema que se hallaba en la base de la desconfianza ante el referéndum: «Yo no recurriré jamás al aborto, pero no puedo impedir a los demás la libertad de hacerlo». Es como decir que yo no puedo matar pero no puedo impedir a los demás la libertad de matar. En este teorema – que pesa como una roca en la conciencia católica de nuestro país – se esconde, sin embargo, la célebre respuesta de Caín: «Num custos fratris mei sum ego?» (Gn 4, 9). Un cristiano no puede mirar a otro lado cuando se derrama la sangre inocente de su hermano.

La emergencia sanitaria ha hecho quizás emerger pulsiones eutanásicas preocupantes. La idea de no curar a ciertas categorías de personas (ancianos, inválidos, enfermos psiquiátricos, etc.) ha entrado en el debate y en muchas partes de la civilizada Europa se ha aprobado este tipo de legislación. ¿Cómo ve la situación in Italia?

En lo que en una época se denominaba la Cristiandad y ahora se conoce como “Europa”, ya van para decenios en los que hace estragos la cultura de la muerte. En este momento, la pandemia ha tenido el mérito de retirar definitivamente la máscara de la hipocresía y legitimar públicamente la necesidad de este nuevo “darwinismo social”.

En la opinión pública prevalece cada vez más la lógica del apartamiento, incluso tratándose de los seres humanos más débiles y frágiles, como los minusválidos, los ancianos, los nascituros defectuosos. Cada vez más personas se convencen de que, en el fondo, es correcto para el bien de todos eliminar pesos inútiles por parte de una sociedad que cada vez tiene menos recursos que gastar.

Llevo años denunciando cómo también en Italia esta idea está penetrando en la mentalidad común a través del proceso llamado de la Ventana de Overton. Es un puro y llano plano inclinado que lleva inexorablemente al abismo. Lo que los ingleses llaman una “slippery slope”. Por otra parte, si los criterios para reconocer la dignidad de un ser humano no están objetivamente enraizados en el derecho natural, resultarán adoptados y determinados por el poder a través de las normas de derecho positivo. Y el poder está en grado de cambiar estos criterios según su propia conveniencia. Puede incluso suceder democráticamente, a través del juego de las mayorías parlamentarias. Pero los cristianos, que no reconocen el principio democrático como absoluto, saben bien que la mayoría parlamentaria de un determinado período histórico no puede determinar lo que está bien y lo que está mal, o sea lo que es verdadero y lo que es falso, o sea lo que es justo y lo que es injusto. Incluso si el parlamento italiano – Dios no lo quiera – llegase a aprobar una ley de eutanasia, esta práctica bárbara seguiría siendo un crimen nefandum.

Las medidas adoptadas para gestionar la emergencia sanitaria no sólo violan gravemente libertades fundamentales, sino que además proyectan una siniestra luz sobre el futuro, permitiendo imaginar una posible evolución totalitaria de nuestra sociedad. Un totalitarismo post-moderno hecho de aplicaciones informáticas para el seguimiento, de telecámeras para el reconocimiento facial, de microchips subcutáneos con todos nuestros datos personales, de abolición del dinero en efectivo, de la supervisión de todas nuestras compras, de la geolocalización de cualquiera de nuestros movimientos. El fin de la intimidad y de la libertad a favor de un complejo sistema centralizado de gestión de la colectividad. ¿A cuánto estamos de este riesgo? ¿Qué podemos hacer como católicos para impedirlo?

Me parece que se está perfilando concretamente un escenario que recuerda a las novelas de ciencia-ficción distópicas de la mitad del siglo pasado. Escuchando algunas propuestas que están siendo analizadas seriamente, incluso en el nivel institucional, parecen revivirse verdaderamente las páginas de George Orwell, Aldous Huxley e Isaac Asimov. Me parece, en particular, que, en efecto, la deriva totalitaria técnico-científica temida por Huxley en su Mundo nuevo es la más próxima al riesgo que estamos corriendo. Por otra parte, fue precisamente dicho escritor inglés quien temió el hecho de que el Poder del futuro ya no estuviera basado en la violencia de los campos de concentración, sino en el control técnico-científico de los individuos, comercializado en forma de progreso útil para el bien de la humanidad, hasta el punto de ser aceptado por todos. El mundo, según Huxley, se habría transformado así en un gigantesco campo de prisioneros del que, sin embargo, éstos no querrían evadirse simplemente porque serían ignorantes del hecho de ser prisioneros. Lo explicó bien en su última conferencia pronunciada el 20 de marzo de 1962 en la Universidad de California Berkeley, titulada La revolución definitiva. En aquella ocasión, de hecho, afirmó: «Pienso que en la medida en que las dictaduras se hagan más científicas, más preocupadas por la perfección técnica, por el funcionamiento perfecto de la sociedad, estarán cada vez más interesadas en las técnicas que yo he imaginado y descrito como realidades existentes en el Nuevo mundo. Me parece, por consiguiente, que la revolución definitiva no está después de todo tan lejana, puesto que ya hoy existe un número notable de este tipo de técnicas de control de los seres humanos. Queda sólo ver cuándo, dónde y por quién serán aplicadas por primera vez a gran escala». Esto lo dijo Huxley hace sesenta años. Hoy sabemos perfectamente dónde y quién quiere aplicar estas técnicas a gran escala.

¡El Señor de la historia ha resucitado, Cristo ha vencido! Con esta fe podemos mirar todo paréntesis anticristiano de la historia sin desesperar e incluso encontrando la razón para no desistir del buen combate. Incluso en esta época oscura no faltan signos de esperanza: familias que se constituyen y viven según el Evangelio, católicos militantes que dedican su propia vida a testimoniar públicamente la Verdad, pequeñas comunidades que se organizan para vivir cristianamente en un mundo post-cristiano, escuelas parentales católicas en número creciente, madres jóvenes que prefieren ser amas de casa por amor a su marido y a sus hijos y que se ocupan del homeschooling, etc… ¿Cómo se imagina una deseable “resistencia católica” al rampante totalitarismo post-moderno?

Hay en hipótesis tres escenarios.

El primero es el de un puro y duro cataclismo a nivel económico, político y social. Es el más apocalíptico de los tres y recordaría a lo sucedido al final del Imperio romano, cuando una civilización ya en pleno declive y al final de una parábola descendiente explota bajo el peso de una gravísima e irreversible crisis económica, política y social. En este caso, los cristianos, exactamente igual que en el siglo VI después de Cristo, deberían reconstituirse como pequeña comunidad de familias y centros de espiritualidad. Entonces fueron los monasterios, gracias a la gran intuición de San Benito de Nursia, y en nuestro siglo podrían ser sacerdotes de a pie, santuarios, comunidades religiosas, movimientos de laicos y cualquier otro lugar donde se pueda vivir la fe como verdadera experiencia de vida. Más o menos lo que Rod Dreher describe en su obra Opción Benedicto.

El segundo escenario, por el contrario, es el de la instauración de una pura y dura dictadura violentamente anticristiana. En este caso la reacción debería ser la del recurso al uso legítimo de la insurrección. Más o menos como sucedió en México con la llamada “Guerra Cristera” o en España con la intervención providencial de Francisco Franco cuando liberó a la península ibérica de la persecución anarco-comunista contra los cristianos, salvando la presencia de la Iglesia católica en aquella nación. En este período de confinamiento forzado he podido releer el interesante documento Firmissimam constantiam, con el cual Pío XI, el 28 de marzo de 1937, intervino acerca de la situación de la Iglesia católica en México, perseguida por el despiadado gobierno masónico de Plutarco Elías Calles. En dicho texto el pontífice intervino, en efecto, a favor de la licitud de la lucha de los ciudadanos católicos mexicanos contra el «poder público», que «oponiéndose a la justicia y a la verdad, estaba a punto de destruir los fundamentos mismos de la autoridad».  Es interesante, por otra parte, la sucesiva indicación en tal sentido adoptada a una distancia de cuarenta años, el 26 marzo de 1967, con la encíclica de Pablo VI Populorum progressio, en la que dicho pontífice legitimó el uso de la insurrección armada de los católicos contra «una tiranía evidente y prolongada que atenta gravemente a los derechos fundamentales de la persona y daña de modo peligroso al bien común del País» (n.31). Una dictadura que llegase a cerrar las iglesias y a perseguir a los cristianos, como sucedió en México y en España en los años treinta, autorizaría en consecuencia el uso legítimo de la fuerza para derrocar la tiranía.

El tercer escenario, posiblemente el más probable, es el de una dictadura tecnológica, ésa que Aldous Huxley definió como “sin lágrimas”, basada en un control y manipulación orwelliana de los individuos. Una dictadura sólo en apariencia más suave que las dictaduras clásicas pero en realidad mucho más peligrosa, porque no se afanaría por acabar con nuestras vidas sino que pretendería cambiar nuestras conciencias para sustraer un bien mucho más precioso: el alma. En este caso me parece que la reacción de los cristianos debería ser la que describió admirablemente aquel disidente checo llamado Vaclav Havel en su obra El poder de los sin poder. Havel en Checoslovaquia derrotó al Imperio del Mal de su época, la Unión soviética comunista, sin derramamiento de una gota de sangre. Fue el, de hecho, el padre de lo que luego se conoció como la “Revolución de terciopelo”. Lo consiguió simplemente oponiendo una y otra vez la verdad a la mentira. Nosotros sabemos que la mentira puede vencer en algunas batallas. A veces incluso puede parecer que está venciendo en todas, y ello durante mucho tiempo. Pero no podrá vencer la guerra contra la verdad.

En este escenario, el comportamiento de los cristianos debería ser el descrito por otro disidente político amigo de Havel y que tenía el mismo nombre de pila: Václav Benda. Él acuñó el concepto que considero muy interesante de “polis paralela”. Antes de explicar de lo que se trata, hago una pequeña premisa sobre los tres niveles en los que debería articularse la “resistencia católica”. El primer nivel es el existencial del individuo, esa esfera secreta de la persona hecha de ideales, valores y principios a partir de la fe cristiana. Para cambiar el mundo hay que cambiarse primero a sí mismo. Hay luego un segundo nivel que definiría como “prepolítico”, en el cual la persona se manifiesta a través de sus comportamientos, su profesión, su testimonio, su valentía a la hora de oponer la verdad a la mentira. Existe, finalmente, un tercer nivel que podemos, a su vez, definir como “político”, en el que se instaura una vida independiente de un sistema de poder que ya no representa al pueblo. Esta vida independiente se realiza a través de verdaderas estructuras alternativas, o sea la “polis parallela” de Benda. Son estructuras de nivel organizativo-institucional como por ejemplo la información paralela, la economía paralela, la educación paralela. Una suerte de sociedad dentro de la sociedad, que recuerda en cierto modo la idea de la Civitas Dei de San Agustín: una ciudad que vive en el interior de la ciudad de los hombres pero que no se identifica con la ciudad de los hombres.

A mí me parece que el modelo de la “polis paralela” de Václav Benda es el modelo a analizar para una eficaz “resistencia católica” contra el totalitarismo post-moderno que se perfila en el horizonte.

¡Gracias!

Samuele Cecotti

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Aldo Maria Valli

Aldo Maria Valli

Vaticanista. Entre sus libros más destacados están: Claustrofobia, Sradicati, el caso Vigano, 266. Jorge María Bergoglio, Benedicto XVI el pontificado interrumpido. Pueden leer sus artículos y leer toda la información sobre su obra literaria en italiano en su página web https://www.aldomariavalli.it/